Cinco años después de la firma del acuerdo de paz, Colombia se asoma a la dolorosa verdad judicial de la guerra, cada vez con mayor decisión. En particular, al esclarecimiento de uno de los peores crímenes del conflicto armado, los falsos positivos, el eufemismo con el que se conocen los asesinatos de civiles por parte de militares para presentarlos como guerrilleros caídos en combate.
En un nuevo hito de la justicia transicional, una decena de militares imputados por crímenes de guerra y de lesa humanidad sostuvieron por primera vez este martes una desgarradora audiencia de reconocimiento, cara a cara ante sus víctimas. “Asesinamos personas inocentes, campesinos”, admitía uno de los máximos responsables en la primera de dos jornadas dedicadas al fenómeno en la región del Catatumbo.
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el magistrado Eduardo Cifuentes, declaró que “ningún momento nos había acercado tanto a la verdad y a la posibilidad de impartir justicia”, en un mensaje transmitido al comienzo de la audiencia. “La tragedia a la que nos arrastró la guerra no debe repetirse, si la justicia brilla, y si su brillo es la verdad”, señaló. Fue el preámbulo de una avalancha de testimonios de víctimas, intercalados con los reconocimientos de los victimarios.
Los relatos, sobrecogedores, se sucedieron uno tras otro. Coincidieron en quejarse de la estigmatización de los campesinos como guerrilleros. El evento, por petición expresa de las víctimas, se trasladó hasta un auditorio del municipio de Ocaña, en el departamento del Norte de Santander, donde viven la mayoría de los familiares.
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