Desde este lunes 25 de julio empezó a transcurrir el plazo de 30 días que tiene el presidente de la República, Guillermo Lasso, para pronunciarse sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Y si bien la ha calificado como una nueva “ley mordaza”, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, sostuvo que se analizará si hay un veto total o parcial.
Organizaciones y gremios periodísticos también han catalogado a esta reforma, que fue aprobada por el correísmo y sus aliados, como una amenaza a la libertad de prensa. Por eso, Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos, aspira un veto total. “Es una ley punitiva, perseguidora, que genera censura previa…busca instrumentos para callar, para defender la impunidad”.
La reforma contempla “sanciones civiles y de cualquier otra índole” en aplicación a la “responsabilidad ulterior” de personas y medios. También otorga a la Defensoría del Pueblo atribuciones que tenía la extinta Supercom. Y si bien el PSC no respalda estos artículos, Esteban Torres, adelanta que la norma es perfectible, es decir el camino sería un veto parcial.
El Ejecutivo tiene hasta el 24 de agosto para pronunciarse, puede allanarse a lo aprobado o a su vez vetar total o parcialmente la norma. Si la objeción es total, no se podrá tratar este tema por un año.
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