“Queremos trabajar”. Ese es el clamor de propietarios y empleados de imprentas, que se escuchó en los exteriores del SRI, en Guayaquil. Y es que, desde el 30 de noviembre, vencerá el plazo legal para que los negocios y contribuyentes del país implementen totalmente la facturación electrónica, lo que representa dicen una pérdida de plazas de empleo. “Aquí trabajan de tres a cinco empleados, cómo los vamos a liquidar señores. Queremos que el Gobierno se sensibiliza. Más de 70 mil familias quedarían afectadas y más de 3.000 imprentas cerrarían sus talleres”.
Según el SRI, el 96 % de lo que se factura hoy en día en Ecuador se hace electrónicamente, es decir falta el 4 %. Sin embargo, los representantes del gremio dicen que es falso y que la sociedad ecuatoriana no está preparada para asumir la facturación electrónica. “Va a venir una avalancha en octubre y noviembre, si así se les cae la página, que pasará luego”.
Los representantes de la imprenta han mantenido reuniones con el titular del SRI, pero él les ha dicho que tiene que aplicar la ley. Dicen que sus reclamos no son lo único que tienen, sino también propuestas. “La facturación física hasta 300 mil, en eso nos ratificamos”.
Agregaron que no se oponen a la facturación electrónica; entienden que debe aplicarse. Pero piden un tiempo para prepararse. A su criterio, esta ley se opone a la Constitución, porque el deber del Estado es generar empleo.
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