El juicio político en contra de los siete consejeros del CPCCS, puede caerse en el pleno de la Asamblea Nacional. En razón que la Comisión de Fiscalización no presentó, dentro del plazo legal, el informe y tampoco llegaron los informes de posturas de cada legislador. Por eso a criterio de la consejera Ibeth Estupiña, el proceso ya feneció. “El proceso ya no cumple los plazos, el 10 de noviembre feneció. Villavicencio debió entregar al pleno y notificar a los consejeros, pero no se hizo. Hay una vulneración de derecho”.
La comisión de Fiscalización tenía hasta el 8 de noviembre para entregar el documento, pero no lo hizo. Por eso será el pleno de la Asamblea quien defina si hay o no juicio político, explicó el presidente del legislativo, Virgilio Saquicela. “Es el pleno quien resuelve si hay juicio contra 1 o contra 2. Si hay juicio, hay cinco días para convocar para lo que sería el juicio político”.
Estupiñan sugiere que hay un juego de poder para controlar el CPCCS y acomodar la designación de autoridades. Insiste que lo que busca la mayoría legislativa es destituirla a ella y otros 3 consejeros: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo. “Si el pleno decide sin tener un documento sentará un precedente alarmante para el país. En adelante solo bastará con una solicitud. Se decide sin tener un documento que sustancie”.
Pero Saquicela aclaró que los legisladores si cuentan con un documento que sustenta el proceso, explicó que se entregó un informe con las pruebas de cargo y de descargo presentadas en Fiscalización. Además, advierte que la demora es responsabilidad de la comisión y podría haber sanciones. Aunque asegura que no se busca politizar el tema.
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