Sólo cuatro de los siete consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social irán a juicio político en la Asamblea Nacional. Con 84 votos, el pleno resolvió enjuiciar a Ibeth Estupiñan, María Fernanda Rivadeneira, Hernán Ulloa y Francisco Bravo por incumplimiento de funciones.
La moción fue presentada por Mireya Pazmiño de Pachakutik, quien asegura que la responsabilidad sólo recae sobre la mayoría del CPCCS. “La viveza de algunos no impedirá que el juicio continúe. No vamos a solapar la ilegalidad, corrupción e impunidad. Son consejeros responsables que deben responder. Hay pruebas, ellos han asumido que incumplieron con sus funciones”.
Desde el oficialismo se criticó que se quiera fiscalizar a la carta, para ellos son los 7 consejeros quienes debían enfrentar el juicio político. Incluso Fernando Flores del BAN habló de un conflicto de intereses, pues Sofía Almeida, una de las consejeras salvadas es sobrina del legislador Luis Almeida del PSC. “Hay un interese de la bancada de la RC y del PSC de volarse a 4 de los 7 consejeros y con eso constituir nuevas mayorías. Y si asambleísta Almeida, hay conflicto de interés”.
Ahora el pleno de la Asamblea Nacional, en un plazo máximo de 5 días tendrá que convocar al juicio político. Para la censura y destitución de los consejeros dependerá de una mayoría absoluta (70 votos).
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