A través de una carta dirigida al presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, expresó su rechazo al informe no vinculante, que establece responsabilidades estatales y políticas en el femicidio de la abogada María Belén Bernal. El documento fue aprobado el 17 de noviembre por la mayoría del Parlamento,
Jiménez cuestionó que “de forma temeraria se intente endosar al Presidente de la República una supuesta -e inexistente- responsabilidad política por causa de un execrable delito”. Pero Ana Herrera, quien fue parte de la comisión ocasional, aclara que no se trata de oponerse sin justificación, sino con conclusiones técnicas, que dice podrían haberse evitado si el ministro acudía a comparecer.
El reclamo del ministro se fundamenta en que en el informe se señala al presidente Guillermo Lasso como uno de los responsables políticos por las vulneraciones de derechos entorno al caso de Bernal. También son mencionados el secretario nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez; el exministro del Interior Patricio Carrillo; el comandante general de la Policía, Fausto Salinas; y la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores.
En la carta enviada a Saquicela, el 19 de noviembre, Jiménez calificó de “oportunismo” a la actitud de los 96 legisladores que dieron su voto a favor para aprobar el informe.
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