La decisión de censura y destitución a cuatro consejeros del CPCCS, todavía no está cerrada. Nuevamente la justifica podría revertir una decisión de otro poder del Estado. En las últimas horas, el juez Stalin Palacios aceptó a trámite la acción de protección que presentó el legislador Washington Varela (BAN) sobre una presunta vulneración de derechos en el trámite del juicio político en contra de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñan y Francisco Bravo.
“Que se suspenda lo ilegal que se ha cometido, se dio la sesión, pero las decisiones que se tomaron no son correctas. Se convocó pese a que no se cumplió el debido proceso” dice Washington Varela.
El juez fijó para este miércoles 23 de noviembre, a las 17:00, la audiencia oral, pública y contradictoria de acción de protección. En petición de acciones de protección, el accionante manifiesta la vulneración del derecho a la igualdad y no discriminación, ya que el juicio político se habría ejercido únicamente en contra de cuatro consejeros, excluyendo a tres de ellos en razón de relaciones familiares, filiación política y pactos políticos.
Pero el legislador de UNES, Ferdinan Álvarez critica a su compañero por haber presentado la acción. Para él se trata de una interferencia en la función legislativa. “Lo que no pueden resolver con votos, tiene que resolverlo en los juzgados, esto no puede pasar”.
Además, advierte que los intereses particulares vienen de otra parte. “Presentan acciones cuando no es parte de sus funciones. Defienden a un CPCCS, pero no hicieron lo mismo cuando se tomaron la institución”.
Esta acción de protección ha aclarado los consejeros destituidos no nace de ellos, aunque sí presentarán una advierte María Fernanda Rivadeneira. Para ella sí hubo vulneración de derechos. “No podemos dejar un precedente nefasto para el país…no se presentó un informe, no se entregó informe de posturas…y por lo tanto el proceso fue nulo”.
El pleno de la Asamblea Nacional, el pasado 18 de noviembre, con 85 votos determinó que los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo incumplieron sus funciones. Por eso se dispuso la destitución y censura, decisión que podría ser revertida tras el pronunciamiento de un juez.
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