La intención de una parte de la Asamblea Nacional de posesionar a los vocales suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Carlos Figueroa, Karina Ponce, Mónica Moreira y Jaime Chugchilán, quedó frustrada. El último renunció y los demás no llegaron. La razón: la medida cautelar vigente a favor de Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.
Esto ha dado paso a un vacío jurídico dijo Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea. Al indicar que la destitución y censura a los cuatro está en firme.
Por eso desde la Asamblea, explicó Esteban Torres del PSC, se presentó una serie de acciones legales para dejar sin efecto las medidas cautelares. Incluso, buscan enjuiciar por arrogación de funciones a los cuatro consejeros.
Por la renuncia de Chugchilán, quien debería asumir es Olindo Nastacuaz, indígena AWA, expresidente de la CONAICE, además fue asesor de Edwin Jarrín y estaría identificado con esa agrupación. Así lo confirma Salvador Quishpe, quien insiste que la intención de UNES y del PSC es tomarse el CPCCS.
Mientras se resuelve la situación Ulloa, Rivadeneira, Bravo y Estupiñán siguen actuando como funcionarios del CPCCS.
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