El Gobierno solicitó que se investigue el patrimonio de cinco jueces que emitieron fallos a favor de “delincuentes”. Se trata de los jueces Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. A ellos se suman Jhon Rodríguez y el exjuez Banny Molina. Ellos beneficiaron a jefes de bandas delincuenciales, así como a Jorge Glas y Daniel Salcedo. Así lo reveló el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez. “He pedido a la UAFE y al SRI la investigación patrimonial, son jueces que permitieron que delincuentes salgan de la cárcel, manipulando garantías penitenciarias”.
Pero a la par, Ordoñez confirma que se enviará un paquete de reformas al legislativo para administrar de manera más racional y sensata las protecciones, garantías penitenciarias y reducciones de pena. “Reformas al COIP, a la ley de la función judicial…esto tiene que corregirse. La Judicatura está atada de manos, no puede hacer investigaciones por oficio, sino por denuncia”.
Ordoñez aclaró que no puede esperar nada de la Asamblea, pero aspira que esta vez aprueben la propuesta del Ejecutivo. “Esperamos una respuesta positiva de la Asamblea. Si un juez actúa indebidamente tiene que tener una sanción”.
El accionar de los jueces ya despertó la crítica en el presidente Guillermo Lasso. El 14 de diciembre, arremetió, en cadena nacional, contra un juez que otorgó medidas sustitutivas a cinco personas capturadas. Entre ellas se encontraba alias ‘Gordo Luis’, cabecilla de la banda criminal Los Lobos.
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