El próximo 5 de febrero, los ciudadanos acudirán a las urnas a designar autoridades seccionales, consejeros del CPCCS y pronunciarse sobre las 8 preguntas del referéndum. En Ecuador, el voto es obligatorio recuerda el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, quien recordó que el Código de la Democracia establece multas para los ciudadanos que no sufragan, faltan o abandonan las Juntas Receptoras del Voto y sus excepciones.
A que no hubiesen sufragado serán multadas con el 10% de un sueldo básico que, según decidió el Ejecutivo para 2023, es de $450. Es decir, la multa sería de $45 por faltar a las elecciones.
Por otro lado, para quienes forman parte de una Junta Receptora del Voto y se ausentan el día de las elecciones, el artículo 292 del Código de la Democracia establece una multa equivalente al 15 % de un salario básico. Es decir, $ 67,50 por faltar a la mesa electoral.
Sin embargo, para quienes conformaron la Junta Receptora del Voto, pero la abandonaron durante la jornada de elecciones, el artículo 278, numeral 4, señala que la multa va desde 11 hasta 20 salarios básicos e, incluso, la suspensión de derechos de participación de seis meses hasta dos años. La sanción económica oscila entre los $4.950 hasta los $9.000.
Pese a ello, la Ley Electoral también contempla excepciones de dicha sanción. Según el mismo artículo 292, las personas que se libran de la multa son las personas que:
- No pueden votar por mandato legal.
- No pudieron votar por motivo de salud o por impedimento físico comprobados con el certificado de un facultativo médico del Sistema Nacional de Salud Público o Privado.
- Hayan sufrido calamidad doméstica grave ocurrida en el día de las elecciones o hasta ocho días antes.
- En el día de las elecciones se ausenten o lleguen al país, así como aquellos que se encuentren fuera del territorio nacional.
Las elecciones seccionales se desarrollarán el 5 de febrero de 2023 para elegir autoridades locales, consejeros de Participación Ciudadana y pronunciarse sobre las ocho preguntas de la consulta popular impulsada por el Gobierno de Guillermo Lasso.
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