El Consejo de Seguridad Pública del Estado (Cosepe) resolvió declarar a la minería ilegal como una amenaza para la seguridad del Estado. El anuncio lo hizo el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, en una rueda de prensa ofrecida en Carondelet. “Tantos las fuerzas armadas como la policía deben involucrarse para enfrentar estas amenazas”.
El funcionario agregó que este tipo de minería también deja “daños ambientales y precariza el trabajo en las zonas donde hay esta actividad”. Se refirió, sobre todo, a provincias como Morona Santiago, Zamora Chinchipe, El Oro, Esmeraldas, Loja, Sucumbíos y Azuay.
Además, Ordoñez, se resolvió respaldar a las concesiones mineras legales para que puedan ejercer sus actividades. Esto significa, explicó, que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas actuarán cuando existan impedimentos para que las empresas mineras puedan desarrollar su actividad.
La decisión del Cosepe se tomó tras identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos como el lavado de activos, el narcotráfico y el tráfico de armas.
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